3 plazas de Cuerpo de Técnicos Superiores de Salud Pública (Temario general)Comunidad de Madrid · Grupo A1

1. ¿De acuerdo con qué principios debe actuar la Administración Pública conforme al artículo 103 de la Constitución?

1. A) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho
2. B) Eficiencia, autonomía, descentralización, desconcentración y coordinación
3. C) Eficiencia, jerarquía, descentralización, concentración y coordinación
4. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Correcta: A. La Administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa según unos criterios que conviene memorizar: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, siempre con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Debe distinguirse eficacia de eficiencia, pues el texto constitucional habla de eficacia. Igualmente, el principio es desconcentración, no concentración, y no figura la autonomía. Por eso solo encaja la enumeración completa y literal.§ art. 103 CE

2. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

1. A) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos
2. B) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan intereses que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte
3. C) Aquellos cuyos derechos legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva
4. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Correcta: A. La ley distingue con precisión quién puede ser parte en un procedimiento. Quien lo inicia lo hace como titular de derechos o intereses legítimos, ya sean individuales o colectivos; esa fórmula reproduce fielmente el texto legal. En cambio, quien no ha promovido el procedimiento entra como interesado cuando tiene derechos afectados, y quien se persona después lo hace por sus intereses legítimos. El matiz decisivo está en no intercambiar las palabras derechos e intereses según el supuesto: cada grupo se define con un término concreto que no admite sustitución.§ art. 4 LPACAP

3. Según lo establecido en el Artículo 86 de la Constitución Española, ¿quién convalida un decreto-ley?

1. A) El Gobierno.
2. B) El Congreso de los Diputados.
3. C) Las Cortes Generales.
4. D) El Senado.

Correcta: B. La convalidación de los decretos-leyes corresponde al Congreso de los Diputados, que debe pronunciarse dentro del plazo constitucional establecido desde su promulgación. Esta función se atribuye al Congreso aunque el decreto-ley haya sido aprobado inicialmente por el Gobierno. El Senado no interviene en esta convalidación y no se exige un pronunciamiento conjunto de las Cortes Generales.§ art. 86 CE