3 plazas de Auxiliar AdministrativoCabildo Insular de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria · Grupo C2

1. Tras su última solicitud, recibe un requerimiento para que aporte el libro de familia para justificar la filiación. Según el artículo 28.3 de la Ley 39/2015:

1. A) No tiene que aportar dicho documento por haberlo hecho en la solicitud del año anterior, y así lo indica en su escrito de contestación.
2. B) Tiene que aportar obligatoriamente dicho documento.
3. C) No contesta al requerimiento al no tener obligación de aportar el libro de familia por haberlo hecho el año anterior.
4. D) Tiene un plazo de 5 días hábiles para aportar dicho documento.

Correcta: A. Los interesados no están obligados a aportar documentos que ya obren en poder de la Administración o hayan sido elaborados por otra Administración. En ese caso, deben indicar cuándo y ante qué órgano se presentaron, para que puedan ser consultados o recabados. Por tanto, basta con comunicar que el libro de familia ya fue aportado en la solicitud anterior, salvo que concurra una excepción legal que justifique exigirlo de nuevo.§ art. 28.3 LPACAP

2. ¿Cuál de los siguientes actos de las Administraciones Públicas es considerado por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas como nulo de pleno derecho?

1. A) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo inconstitucional.
2. B) Los dictados por órgano manifiestamente competente por razón de la materia o del territorio.
3. C) Los que tengan un contenido posible.
4. D) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

Correcta: D. Un acto administrativo es nulo desde su origen cuando su contenido constituye un delito o se dicta a raíz de uno. Es el grado máximo de invalidez, sin posibilidad de subsanación. Las demás formulaciones invierten el sentido de la norma: la nulidad protege los derechos amparables ante el Tribunal Constitucional, alcanza a los actos de órgano manifiestamente incompetente por materia o territorio y a los de contenido imposible, no posible. El matiz decisivo está en respetar el verbo y el adjetivo exactos de cada supuesto.§ art. 47 LPACAP

3. Dentro de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, el procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones, a que hubiera lugar, se tramitará por:

1. A) El Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.
2. B) La Dirección de la Competencia
3. C) Por la intervención del Estado.
4. D) Ninguna de ellas es cierta.

Correcta: D. Cuando un particular sufre un daño por el funcionamiento de los servicios públicos, es la propia Administración responsable quien tramita y resuelve la reclamación, fijando la indemnización mediante el procedimiento administrativo común. No interviene el Ministerio de Justicia, ni la autoridad de competencia, ni la intervención del Estado como órganos encargados de esa tramitación. Por ello, ninguna de las atribuciones descritas se corresponde con quién resuelve realmente la responsabilidad patrimonial.§ art. 81 LPACAP