Test Auxiliar Administrativo/a (Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, C2)Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria · 2026

1. Los actos administrativos que limiten derechos objetivos o intereses legítimos:

1. A) Podrán ser motivados.
2. B) Serán motivados. (*)
3. C) Nunca serán motivados.
4. D) Ninguna respuesta es correcta.

Correcta: B. Cuando una resolución restringe derechos o intereses legítimos de una persona, la Administración está obligada a explicar por escrito las razones de hecho y de Derecho en que se apoya. No se trata de una facultad voluntaria ni de algo opcional: la motivación es exigible para que el afectado conozca el porqué de la decisión y pueda defenderse o recurrir. Esa exigencia se concreta en la fórmula imperativa: estos actos serán motivados, con referencia sucinta a hechos y fundamentos jurídicos.§ art. 35 LPACAP

2. Un acto administrativo NO es nulo de pleno derecho cuando:

1. A) Lesiona derechos fundamentales.
2. B) Incurre en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
3. C) Es constitutivo de infracción penal.
4. D) Tiene un contenido imposible.

Correcta: B. La nulidad de pleno derecho es la sanción más grave y se reserva a vicios tasados: vulnerar derechos fundamentales, tener un contenido imposible o ser constitutivo de delito, entre otros. En cambio, cualquier infracción ordinaria del ordenamiento, incluida la desviación de poder, solo provoca anulabilidad, un defecto menos grave y subsanable que no priva al acto de efectos desde el origen. Conviene distinguir el vicio común, que hace el acto anulable, de las causas gravísimas que lo convierten en nulo radical.§ art. 47 LPACAP

3. En relación con la obligación de resolver que recoge el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, señala la respuesta falsa:

1. A) El incumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo podrá dar lugar únicamente a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.
2. B) En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo.
3. C) En los procedimientos iniciados de oficio, el plazo máximo en que se debe notificar la resolución expresa se contará desde la fecha del acuerdo de iniciación.
4. D) El plazo máximo en que se debe notificar la resolución expresa no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea.

Correcta: A. Cuando la Administración no resuelve dentro del plazo legal, la consecuencia no se limita a un único tipo de responsabilidad. La norma prevé responsabilidad disciplinaria del personal, pero sin perjuicio de cualquier otra que proceda conforme a la normativa aplicable. Por eso la afirmación que reduce la consecuencia a una responsabilidad exclusiva resulta inexacta. Las demás reflejan correctamente el deber de informar al interesado, el cómputo del plazo desde el acuerdo de iniciación en los procedimientos de oficio y el límite general de seis meses salvo previsión legal o europea.§ art. 21 LPACAP