Auxiliar AdministrativoAyuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria · Grupo C2 · 2026

1. Las comunidades autónomas necesitarán en todo caso, para reformar sus estatutos:

1. A) El acuerdo del Gobierno
2. B) La aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica
3. C) La aprobación del Tribunal Constitucional
4. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Correcta: B. Cualquier modificación del texto que regula la autonomía de una comunidad debe pasar siempre por el filtro estatal. El procedimiento concreto lo fija cada estatuto, pero existe un requisito común e ineludible: que las Cortes Generales den el visto bueno mediante una ley de rango orgánico. Ni el Gobierno ni el Tribunal Constitucional intervienen en esa aprobación. Por eso, sea cual sea la vía interna elegida, la última palabra corresponde siempre al Parlamento nacional con esa categoría reforzada de norma.§ art. 147 CE

2. La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro constituye.

1. A) Falta disciplinaria muy grave de conformidad con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
2. B) Falta disciplinaria grave de conformidad con el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado
3. C) Falta disciplinaria grave de conformidad con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
4. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Correcta: A. Aprovecharse de la condición de empleado público para conseguir una ventaja indebida, sea propia o ajena, es una de las conductas más reprochables dentro del régimen disciplinario y por ello se cataloga como falta muy grave. La norma vigente que tipifica estas conductas para todos los empleados públicos es el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge expresamente la prevalencia del cargo en su lista de infracciones de máxima gravedad. Debe distinguirse de las faltas graves, reservadas a conductas de menor entidad.§ art. 95 TREBEP

3. Los actos administrativos que limiten derechos objetivos o intereses legítimos:

1. A) Podrán ser motivados.
2. B) Serán motivados. (*)
3. C) Nunca serán motivados.
4. D) Ninguna respuesta es correcta.

Correcta: B. Cuando una resolución restringe derechos o intereses legítimos de una persona, la Administración está obligada a explicar por escrito las razones de hecho y de Derecho en que se apoya. No se trata de una facultad voluntaria ni de algo opcional: la motivación es exigible para que el afectado conozca el porqué de la decisión y pueda defenderse o recurrir. Esa exigencia se concreta en la fórmula imperativa: estos actos serán motivados, con referencia sucinta a hechos y fundamentos jurídicos.§ art. 35 LPACAP