1 plaza de Técnico/a de Organización (Parte general)Ayuntamiento de Ondarroa · Grupo A2

1. El derecho al trabajo en nuestra Constitución Española de 1978:

1. A) Es un derecho constitucional y fundamental
2. B) Es un deber y un derecho para los españoles
3. C) Es un derecho fundamental y un deber para los españoles
4. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Correcta: B. El texto constitucional reconoce que todos los españoles tienen a la vez el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Por eso se trata de una doble configuración: deber y derecho. No es, sin embargo, un derecho fundamental en sentido técnico, pues no se sitúa entre los derechos máximamente protegidos, sino entre los derechos y deberes de los ciudadanos. El matiz decisivo está en distinguir esa naturaleza ordinaria de la categoría reforzada de los derechos fundamentales.§ art. 35 CE

2. ¿Cuál es el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada?

1. A) Un mes.
2. B) Tres meses.
3. C) Cuatro meses.
4. D) Seis meses.

Correcta: B. Cuando alguien impugna una resolución ante el órgano superior jerárquico, la Administración dispone de tres meses para resolver y comunicar su decisión. Transcurrido ese tiempo sin respuesta expresa, el recurso se entiende rechazado por silencio, lo que permite acudir a la vía judicial. Conviene precisar que el plazo se cuenta desde que el recurso tiene entrada en el registro del órgano competente para resolverlo, no desde su mera presentación.§ art. 122 LPACAP

3. Es requisito de las disposiciones administrativas:

1. A) Ajustarse al orden de jerarquía que establezcan las leyes.
2. B) Desarrollar normativa de rango superior.
3. C) Obedecer a criterios de oportunidad sin contravenir el ordenamiento jurídico.
4. D) Ninguna de las anteriores es cierta.

Correcta: A. Las normas que dicta la Administración deben respetar la escala de rangos que fijan las leyes: ninguna puede contradecir a otra de superior categoría ni a la ley misma. Ese sometimiento al orden jerárquico es exactamente el requisito que exige la regulación del poder reglamentario. No basta con que un reglamento desarrolle otra norma ni que persiga fines convenientes; lo esencial es que encaje sin chocar con lo dispuesto por normas de rango más alto.§ art. 128 LPACAP