2 plazas de Técnico de GestiónCabildo Insular de Gran Canaria · Grupo A2

1. De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración de lesividad de actos anulables:

1. A) No podrá adoptarse una vez transcurrido un año desde que se dictó el acto administrativo.
2. B) No podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
3. C) No podrá adoptarse una vez transcurridos cinco años desde que se dictó el acto administrativo.
4. D) No podrá adoptarse una vez transcurridos 6 meses desde que se dictó el acto administrativo.

Correcta: B. La Administración puede declarar lesivo para el interés público un acto favorable que sea anulable, como paso previo a impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Esa declaración debe adoptarse dentro de los cuatro años siguientes a la fecha en que se dictó el acto. Transcurrido ese plazo, ya no puede adoptarse.§ art. 107 LPACAP

2. ¿Qué recurso administrativo se puede interponer contra la resolución expresa de un recurso de alzada?

1. A) Recurso extraordinario de revisión.
2. B) Recurso potestativo de reposición.
3. C) Recurso de alzada.
4. D) Recurso contencioso administrativo.

Correcta: A. Frente a la resolución expresa de un recurso de alzada no cabe interponer otro recurso de alzada ni el recurso potestativo de reposición, porque aquella resolución agota la vía administrativa. Excepcionalmente, puede interponerse recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguno de los motivos tasados legalmente, como la aparición de documentos esenciales o un error de hecho. El recurso contencioso-administrativo pertenece a la vía judicial, no a la administrativa.§ art. 125 LPACAP

3. De acuerdo con el artículo 72.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, relativo a la apreciación de la prohibición de contratar:

1. A) En los casos en que por sentencia penal firme así se la prevea, la duración de la prohibición de contratar será la prevista en la misma, la cuál no podrá exceder de tres años y seis meses.
2. B) En los casos en que la sentencia penal firme no hubiese establecido plazo, esa duración no podrá exceder de tres años desde la fecha de la condena por sentencia firme.
3. C) En los casos en que por sentencia penal firme así se prevea, la duración de la prohibición de contratar será la prevista en la misma. En los casos en que esta no hubiese establecido plazo, esa duración no podrá exceder de cuatro años desde la data de la condena por sentencia firme.
4. D) En los casos en que por sentencia penal firme así se prevea, la duración de la prohibición de contratar será la prevista en la misma. En los casos en que esta no hubiese establecido plazo, esa duración no podrá exceder de cinco años desde la fecha de la condena por sentencia firme.

Correcta: D. Cuando una sentencia penal firme fija la duración de la prohibición de contratar, se aplica el plazo que establece. Si la sentencia no determina ese plazo, la prohibición no puede exceder de cinco años desde la fecha de la condena firme. De este modo, la duración queda limitada aunque la sentencia no la concrete.§ art. 72 LCSP