1 plaza de Técnico Superior de Educación y Juventud (parte general)Cabildo Insular de Fuerteventura · Grupo A1

1. La obligación de dictar resolución expresa está sujeta al régimen siguiente:

1. A) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto la debe adoptar la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
2. B) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo la debe adoptar la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
3. C) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto solo se puede dictar en caso de ser confirmatoria de aquel.
4. D) En el momento en que se produce el silencio administrativo ya no se puede producir ninguna resolución expresa.

Correcta: B. Cuando el silencio administrativo es negativo, es decir, la falta de respuesta equivale a denegar lo pedido, la Administración conserva libertad para resolver después en cualquier sentido, pudiendo incluso estimar la solicitud. En cambio, si el silencio fue positivo y se entendió concedido lo pedido, la resolución tardía solo puede confirmar ese efecto favorable, nunca contradecirlo. Debe distinguirse, por tanto, según el silencio haya sido estimatorio o desestimatorio, pues la vinculación de la Administración es opuesta en cada caso.§ art. 24 LPACAP

2. Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, el recurso que podrá interponerse es:

1. A) El de reposición obligatoriamente, como previo a la vía contencioso-administrativa
2. B) El de revisión ante el Tribunal de Cuentas
3. C) El contencioso-administrativo
4. D) El económico-administrativo

Correcta: C. Frente a la aprobación definitiva del presupuesto local solo cabe acudir directamente a los tribunales de lo contencioso-administrativo, sin necesidad de presentar antes ninguna reclamación interna en la propia entidad. No procede el recurso de reposición previo, ni la revisión ante el Tribunal de Cuentas, ni la vía económico-administrativa, reservada a actos de gestión y recaudación tributaria. La regla general en materia presupuestaria es el acceso inmediato a la jurisdicción una vez aprobado de forma definitiva.§ art. 171 TRLRHL

3. En relación con la obligación de resolver que recoge el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, señala la respuesta falsa:

1. A) El incumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo podrá dar lugar únicamente a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.
2. B) En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo.
3. C) En los procedimientos iniciados de oficio, el plazo máximo en que se debe notificar la resolución expresa se contará desde la fecha del acuerdo de iniciación.
4. D) El plazo máximo en que se debe notificar la resolución expresa no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea.

Correcta: A. Cuando la Administración no resuelve dentro del plazo legal, la consecuencia no se limita a un único tipo de responsabilidad. La norma prevé responsabilidad disciplinaria del personal, pero sin perjuicio de cualquier otra que proceda conforme a la normativa aplicable. Por eso la afirmación que reduce la consecuencia a una responsabilidad exclusiva resulta inexacta. Las demás reflejan correctamente el deber de informar al interesado, el cómputo del plazo desde el acuerdo de iniciación en los procedimientos de oficio y el límite general de seis meses salvo previsión legal o europea.§ art. 21 LPACAP