1 plaza de Técnico/a Auxiliar Fotografía (Parte primera: materias generales)Cabildo Insular de Lanzarote · Grupo C1

1. Los actos administrativos que limiten derechos objetivos o intereses legítimos:

1. A) Podrán ser motivados.
2. B) Serán motivados. (*)
3. C) Nunca serán motivados.
4. D) Ninguna respuesta es correcta.

Correcta: B. Cuando una resolución restringe derechos o intereses legítimos de una persona, la Administración está obligada a explicar por escrito las razones de hecho y de Derecho en que se apoya. No se trata de una facultad voluntaria ni de algo opcional: la motivación es exigible para que el afectado conozca el porqué de la decisión y pueda defenderse o recurrir. Esa exigencia se concreta en la fórmula imperativa: estos actos serán motivados, con referencia sucinta a hechos y fundamentos jurídicos.§ art. 35 LPACAP

2. Es requisito de las disposiciones administrativas:

1. A) Ajustarse al orden de jerarquía que establezcan las leyes.
2. B) Desarrollar normativa de rango superior.
3. C) Obedecer a criterios de oportunidad sin contravenir el ordenamiento jurídico.
4. D) Ninguna de las anteriores es cierta.

Correcta: A. Las normas que dicta la Administración deben respetar la escala de rangos que fijan las leyes: ninguna puede contradecir a otra de superior categoría ni a la ley misma. Ese sometimiento al orden jerárquico es exactamente el requisito que exige la regulación del poder reglamentario. No basta con que un reglamento desarrolle otra norma ni que persiga fines convenientes; lo esencial es que encaje sin chocar con lo dispuesto por normas de rango más alto.§ art. 128 LPACAP

3. Contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento administrativo:

1. A) Cabe recurso de alzada.
2. B) Cabe recurso de reposición.
3. C) Cabe recurso extraordinario de revisión.
4. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Correcta: D. Cuando la Administración decide acortar a la mitad los plazos por razones de urgencia, esa decisión no puede impugnarse de forma separada. La ley impide expresamente interponer cualquier recurso contra ella, precisamente para no frenar la celeridad que se busca. Quien no esté conforme deberá esperar y alegar el defecto al recurrir la resolución que ponga fin al procedimiento. Por eso ninguna de las vías ordinarias ni extraordinarias resulta aplicable frente a este acuerdo concreto.§ art. 33 LPACAP