48 plazas de Escala de Gestión Administrativa (Anexo I)Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi · Grupo A2

1. Según el artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende por documentos públicos administrativos:

1. A) Los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas
2. B) Los válidamente emitidos por el Gobierno
3. C) Los válidamente emitidos por el sector privado
4. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Correcta: A. Tienen la consideración de documentos públicos administrativos únicamente aquellos emitidos de forma válida por los órganos que integran las Administraciones Públicas. La clave es el origen administrativo del documento: ni los procedentes del sector privado ni una referencia genérica al Gobierno encajan en esa definición, porque la norma habla expresamente de los órganos administrativos. Debe distinguirse, por tanto, entre la fuente administrativa exigida y otras posibles emisoras que quedan fuera del concepto.§ art. 26 LPACAP

2. El Título I de la Constitución Española, recoge fundamentalmente:

1. A) La organización territorial del Estado y las competencias de las Comunidad Autónomas.
2. B) La Corona y sus funciones dentro del sistema político Español.
3. C) De los derechos y deberes fundamentales.
4. D) El procedimiento legislativo y la estructura del Parlamento.

Correcta: C. El primer gran bloque de la Constitución, tras los principios generales, se dedica a los derechos y deberes de las personas. Allí se recogen las garantías individuales, las libertades públicas y los deberes ciudadanos, además de los principios rectores de la política social y económica. La organización del territorio aparece más adelante, igual que la regulación de la Corona o el funcionamiento de las Cortes, que ocupan títulos distintos y posteriores.§ art. 10 CE

3. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale la respuesta correcta en relación a los criterios de adjudicación de los contratos:

1. A) La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso, en contratos donde el órgano de contratación considere que la prestación puede ser mejorada por soluciones técnicas o reducciones en el plazo de ejecución.
2. B) En los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados cuya cuantificación dependa de un juicio de valor deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas.
3. C) En procedimientos de adjudicación (abierto o restringido) de AAPP, la valoración de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, con carácter general, a un comité de al menos tres expertos con cualificación apropiada.
4. D) Cuando se usen varios criterios de adjudicación, en su determinación, siempre que sea posible, se recogerán exclusivamente criterios referidos a características del objeto del contrato valorables mediante cifras o porcentajes, aplicando solo las fórmulas de los pliegos.

Correcta: C. Cuando la calidad de las ofertas se valora con criterios que dependen del criterio subjetivo de quien evalúa, y estos pesan más que los evaluables automáticamente por fórmula, esa valoración no puede dejarse a una sola persona: debe encomendarse a un comité con un mínimo de tres miembros expertos, ajenos al órgano que propone el contrato y con cualificación adecuada. Conviene precisar que la regla del umbral mínimo de calidad en prestaciones intelectuales se refiere a los criterios de calidad, no exactamente a los dependientes de un juicio de valor, lo que altera otra de las afirmaciones.§ art. 146 LCSP