673 plazas de Cuerpo de Auxiliares de Administración GeneralComunidad de Madrid · Grupo C2

1. Dentro de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, el procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones, a que hubiera lugar, se tramitará por:

1. A) El Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.
2. B) La Dirección de la Competencia
3. C) Por la intervención del Estado.
4. D) Ninguna de ellas es cierta.

Correcta: D. Cuando un particular sufre un daño por el funcionamiento de los servicios públicos, es la propia Administración responsable quien tramita y resuelve la reclamación, fijando la indemnización mediante el procedimiento administrativo común. No interviene el Ministerio de Justicia, ni la autoridad de competencia, ni la intervención del Estado como órganos encargados de esa tramitación. Por ello, ninguna de las atribuciones descritas se corresponde con quién resuelve realmente la responsabilidad patrimonial.§ art. 81 LPACAP

2. El personal al servicio del Ayuntamiento de Martos se clasifica en:

1. A) Personal funcionario de carrera, personal funcionario interino y personal laboral temporal.
2. B) Personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral fijo y personal laboral temporal.
3. C) Personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral fijo, personal laboral temporal y personal eventual.
4. D) Ninguna es correcta.

Correcta: C. Los empleados públicos se agrupan en cuatro grandes categorías: quienes han superado un proceso selectivo con plaza fija (carrera), quienes ocupan plaza de forma transitoria por necesidad (interinos), el personal contratado en régimen laboral (fijo o temporal) y el personal eventual, nombrado libremente para puestos de confianza o asesoramiento. La clasificación más completa es la que añade precisamente esta última figura, frecuentemente olvidada. Conviene precisar que omitir el personal eventual deja la enumeración incompleta y, por tanto, incorrecta.§ art. 8 TREBEP

3. En base a lo que dicta la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con respecto al procedimiento de revisión de oficio, indique la respuesta correcta:

1. A) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de dos meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.
2. B) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado a instancia de interesado, el transcurso del plazo de un mes desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.
3. C) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado a instancia de interesado, el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad. Si el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.
4. D) Si el procedimiento de revisión de oficio se inicia de oficio, el transcurso de 6 meses sin resolución producirá su caducidad. Si se inicia a solicitud de interesado, se podrá entender desestimada por silencio administrativo.

Correcta: D. En la revisión de oficio el efecto del silencio depende de quién impulse el procedimiento. Si lo arranca la propia Administración, agotar el plazo de seis meses sin resolver provoca la caducidad y se archiva. En cambio, cuando lo pide un interesado y la Administración no responde en ese mismo plazo, la petición se entiende rechazada y queda abierta la vía de impugnación. El matiz decisivo es el plazo de seis meses, que se confunde fácilmente con los dos, tres o un mes.§ art. 106 LPACAP