2 plazas de Auxiliar AdministrativoAyuntamiento de Polinyà de Xúquer · Grupo C2

1. Son contratos típicos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector público, los siguientes:

1. A) Contratos de obras, concesiones de servicios, concesiones de obras, servicios y compraventa.
2. B) Compraventa, permuta, donaciones, arrendamientos, obras, servicios y suministros.
3. C) Contratos de obras, contratos de colaboración público-privada, gestión de servicios públicos y suministros.
4. D) Contratos de obras, concesiones de obras, concesiones de servicios, suministros y servicios.

Correcta: D. La actual ley de contratos del sector público reconoce cinco figuras propias: obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios. Quedan fuera figuras civiles como la compraventa, la permuta o las donaciones, que se rigen por el derecho patrimonial, no por la contratación pública. Debe distinguirse también de la regulación anterior, que incluía la colaboración público-privada y la gestión de servicios públicos, sustituida hoy por la concesión de servicios.§ art. 12 LCSP

2. La Constitución Española prevé que el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial en el plazo:

1. A) Máximo de 48 horas.
2. B) Máximo de 24 horas.
3. C) Máximo de 72 horas.
4. D) Máximo necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos.

Correcta: C. La Constitución establece que la detención preventiva no puede durar más de 72 horas. Dentro de ese plazo, la persona detenida debe quedar en libertad o ser puesta a disposición de la autoridad judicial. Se trata de un límite máximo, no de un periodo que pueda agotarse automáticamente si antes han concluido las actuaciones necesarias.§ art. 17.2 CE

3. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, ¿quién deberá refrendarla?

1. A) El anterior Presidente del Gobierno.
2. B) El Ministro de Relaciones con las Cortes.
3. C) El Presidente del Congreso.
4. D) Ninguno de los citados.

Correcta: C. Con carácter general, los actos del Rey los avala con su firma el Presidente del Gobierno o los ministros competentes, lo que traslada a ellos la responsabilidad política. Sin embargo, hay una excepción lógica: cuando se propone y nombra al propio Presidente del Gobierno no puede ser él quien respalde su designación, por lo que corresponde al Presidente del Congreso de los Diputados asumir ese aval. El mismo criterio rige en la disolución de las Cámaras prevista cuando no se logra investir candidato.§ art. 64 CE