1 plaza de Auxiliar de Administración ElectrónicaAyuntamiento de Marbella · Grupo C2

1. Según la Constitución, ¿puede ser uno privado de sus bienes y derechos?

1. A) En ningún caso
2. B) Sí, cuando exista causa justificada de utilidad pública o interés social
3. C) Sí, sin necesidad de justificación alguna
4. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Correcta: B. El derecho a la propiedad privada no es absoluto: cabe privar a alguien de sus bienes y derechos cuando concurra una causa justificada de utilidad pública o interés social. La Constitución añade dos garantías inseparables que conviene recordar: la correspondiente indemnización y el respeto a lo que dispongan las leyes. Por eso ni la privación es imposible en todo caso ni puede hacerse de forma arbitraria sin motivo alguno; la legitimidad depende justamente de que exista esa causa y de que se compense al afectado.§ art. 33 CE

2. La obligación de los poderes públicos de promover la igualdad real y efectiva se recoge en:

1. A) Artículo 10 de la Constitución
2. B) Artículo 14 de la Constitución
3. C) Artículo 9.2 de la Constitución Española
4. D) Artículo 23 de la Constitución

Correcta: C. Corresponde a los poderes públicos la tarea de remover los obstáculos que impiden que la igualdad de los individuos y los grupos sea real y efectiva, así como facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social. Conviene distinguir esta cláusula de transformación social del derecho a la igualdad ante la ley y de la prohibición de discriminación, que se recogen en un precepto distinto centrado en la igualdad formal.§ art. 9 CE

3. La Constitución Española prevé que el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial en el plazo:

1. A) Máximo de 48 horas.
2. B) Máximo de 24 horas.
3. C) Máximo de 72 horas.
4. D) Máximo necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos.

Correcta: C. La Constitución establece que la detención preventiva no puede durar más de 72 horas. Dentro de ese plazo, la persona detenida debe quedar en libertad o ser puesta a disposición de la autoridad judicial. Se trata de un límite máximo, no de un periodo que pueda agotarse automáticamente si antes han concluido las actuaciones necesarias.§ art. 17.2 CE