2 plazas de AdministrativoAyuntamiento de Celrà · Grupo C1

1. De acuerdo al artículo 38.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

1. A) La sede electrónica es aquel dominio web, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, con capacidad de comunicación e interoperatividad, tanto con ciudadanos como con otras administraciones, en el ejercicio de sus competencias.
2. B) La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
3. C) La sede electrónica es el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada.
4. D) La sede electrónica es la herramienta que facilita el acceso a los ciudadanos y empresas a las notificaciones y comunicaciones emitidas por las Administraciones Públicas.

Correcta: B. La clave está en entender que la sede electrónica no es una simple web ni una herramienta de avisos, sino una dirección electrónica accesible para la ciudadanía mediante redes de telecomunicaciones. Su titularidad debe corresponder a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público que actúen dentro de sus competencias. Conviene distinguir esta definición de la del punto de acceso general o de los meros dominios web, conceptos próximos pero distintos en la norma.§ art. 38 LRJSP

2. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

1. A) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos
2. B) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan intereses que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte
3. C) Aquellos cuyos derechos legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva
4. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Correcta: A. La ley distingue con precisión quién puede ser parte en un procedimiento. Quien lo inicia lo hace como titular de derechos o intereses legítimos, ya sean individuales o colectivos; esa fórmula reproduce fielmente el texto legal. En cambio, quien no ha promovido el procedimiento entra como interesado cuando tiene derechos afectados, y quien se persona después lo hace por sus intereses legítimos. El matiz decisivo está en no intercambiar las palabras derechos e intereses según el supuesto: cada grupo se define con un término concreto que no admite sustitución.§ art. 4 LPACAP

3. De acuerdo con el artículo 120.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, si la Administración debe actuar de manera inmediata debido a un acontecimiento catastrófico...

1. A) Hay que atenerse al régimen ordinario establecido en esta ley y utilizar la tramitación de urgencia.
2. B) Hay que atenerse al régimen excepcional establecido en esta ley y adjudicar el contrato mediante el procedimiento negociado sin publicidad.
3. C) Hay que atenerse al régimen excepcional establecido en esta ley y utilizar la tramitación de emergencia.
4. D) Hay que atenerse al régimen ordinario establecido en esta ley y disponer de la existencia de crédito suficiente, en cualquier caso.

Correcta: C. Ante acontecimientos catastróficos que exigen actuar de inmediato, la Ley establece un régimen excepcional de contratación. Ese régimen es la tramitación de emergencia, que permite ordenar o contratar lo necesario para responder a la situación sin sujetarse a los requisitos formales ordinarios. La existencia de crédito suficiente tampoco es un requisito previo en estos casos.§ art. 120 LCSP