1 plaza de Oficial/a de Obras y ServiciosAyuntamiento de Pazos de Borbén · Grupo AP

1. Según el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:

1. A) El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo recaerá a partes iguales sobre los trabajadores y el empresario
2. B) El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo recaerá a en un 10% en los trabajadores y el 90% restante en el empresario
3. C) El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores
4. D) El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo podrá recaer sobre los trabajadores

Correcta: C. El derecho de los trabajadores a una protección eficaz frente a los riesgos laborales conlleva el deber empresarial de garantizar su seguridad y salud. Por ello, el coste de las medidas preventivas corresponde al empresario y no puede trasladarse, ni total ni parcialmente, a los trabajadores. Esta regla se aplica a las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo.§ art. 14 LPRL

2. Según establece el artículo 54 de la Constitución Española de 1978, el Defensor del Pueblo es designado por:

1. A) El Rey.
2. B) El Gobierno.
3. C) Las Cortes Generales.
4. D) El Tribunal Constitucional.

Correcta: C. El artículo 54 de la Constitución configura al Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales. El propio precepto establece que estas lo designan para defender los derechos comprendidos en el título correspondiente. Por tanto, la designación corresponde a las Cortes Generales.§ art. 54 CE

3. De acuerdo con el artículo 33 de la Constitución española, la expropiación forzosa de bienes responde a una causa:

1. A) Justificada de utilidad pública o de interés social.
2. B) Probable de temporalidad o de interés social.
3. C) Inaplazable de interés particular o de interés social.
4. D) Justificada de fuerza mayor o de interés social.

Correcta: A. La expropiación permite privar a una persona de sus bienes o derechos únicamente por una causa justificada de utilidad pública o de interés social. Además, debe realizarse conforme a la ley y con la correspondiente indemnización. Esas garantías delimitan el ejercicio de la potestad expropiatoria.§ art. 33.3 CE