5 plazas de Ingeniero/a de Caminos, Canales y PuertosAyuntamiento de Palma · Grupo A1

1. De acuerdo con la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se consideran interesados en un procedimiento administrativo:

1. A) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
2. B) Los que, siempre que hayan iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
3. C) Aquellos cuyos intereses legítimos, siempre que sean individuales, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
4. D) Aquellos cuyos intereses legítimos, siempre que sean colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

Correcta: A. La Ley considera interesados a quienes inician el procedimiento como titulares de derechos o de intereses legítimos, tanto individuales como colectivos. También reconoce esa condición a quienes, sin haberlo iniciado, puedan ver afectados sus derechos por la decisión. Asimismo, pueden ser interesados quienes tengan intereses legítimos afectados y se personen antes de que recaiga resolución definitiva.§ art. 4 LPACAP

2. El plazo para interposición de un recurso de alzada, si el acto fuera expreso, es de:

1. A) Un mes
2. B) Dos meses
3. C) Seis meses
4. D) Un año

Correcta: A. Cuando la resolución se ha notificado de forma expresa, quien quiera impugnarla ante el órgano superior dispone de un solo mes contado desde el día siguiente a esa notificación. Conviene distinguir el supuesto del acto presunto, es decir, cuando la Administración guarda silencio: entonces el interesado puede recurrir en cualquier momento a partir del día siguiente a que se produzcan los efectos del silencio. El error frecuente es asignar dos meses, plazo propio del recurso judicial, no del administrativo.§ art. 122 LPACAP

3. De acuerdo al artículo 38.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

1. A) La sede electrónica es aquel dominio web, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, con capacidad de comunicación e interoperatividad, tanto con ciudadanos como con otras administraciones, en el ejercicio de sus competencias.
2. B) La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
3. C) La sede electrónica es el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada.
4. D) La sede electrónica es la herramienta que facilita el acceso a los ciudadanos y empresas a las notificaciones y comunicaciones emitidas por las Administraciones Públicas.

Correcta: B. La clave está en entender que la sede electrónica no es una simple web ni una herramienta de avisos, sino una dirección electrónica accesible para la ciudadanía mediante redes de telecomunicaciones. Su titularidad debe corresponder a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público que actúen dentro de sus competencias. Conviene distinguir esta definición de la del punto de acceso general o de los meros dominios web, conceptos próximos pero distintos en la norma.§ art. 38 LRJSP