3 plazas de Delineante (A) materias comunes)Diputación Provincial de Cádiz · Grupo C1

1. Entre los principios que rigen la actuación de la Administración Pública, conforme a la Constitución, no se encuentra el de…

1. A) Descentralización.
2. B) Eficacia.
3. C) Despolización.
4. D) Desconcentración.

Correcta: C. La Constitución enumera los criterios que ordenan el funcionamiento de la Administración: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, siempre con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. La llamada "despolización" no figura entre ellos; ni siquiera es un término propio del texto constitucional, sino una palabra ajena al catálogo. Conviene memorizar los cinco principios reales para detectar de inmediato cualquier añadido extraño que no pertenezca a esa relación.§ art. 103 CE

2. El órgano competente para otorgar cualquier tipo de licencia urbanística es:

1. A) La Junta de Gobierno
2. B) El órgano municipal determinado conforme a la legislación de régimen local
3. C) El Alcalde
4. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Correcta: B. No existe un único órgano fijo para todas las licencias: la competencia se reparte según lo que establezca la normativa local. Como regla general corresponde al Alcalde otorgar las licencias, pero las leyes sectoriales pueden atribuirla al Pleno o a la Junta de Gobierno, y además cabe delegación. Por eso la fórmula correcta remite al órgano municipal que en cada caso determine la legislación de régimen local, sin fijar de antemano siempre al Alcalde ni a la Junta.§ art. 21 LBRL

3. Las comunidades autónomas necesitarán en todo caso, para reformar sus estatutos:

1. A) El acuerdo del Gobierno
2. B) La aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica
3. C) La aprobación del Tribunal Constitucional
4. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Correcta: B. Cualquier modificación del texto que regula la autonomía de una comunidad debe pasar siempre por el filtro estatal. El procedimiento concreto lo fija cada estatuto, pero existe un requisito común e ineludible: que las Cortes Generales den el visto bueno mediante una ley de rango orgánico. Ni el Gobierno ni el Tribunal Constitucional intervienen en esa aprobación. Por eso, sea cual sea la vía interna elegida, la última palabra corresponde siempre al Parlamento nacional con esa categoría reforzada de norma.§ art. 147 CE