1 plaza de Delineante (Temari general)Ayuntamiento de Figueres · Grupo C1

1. Según la Constitución española, ¿quién tiene como misión garantizar la soberanía e independencia de España?

1. A) El rey.
2. B) Las fuerzas armadas.
3. C) El poder judicial.
4. D) Los ciudadanos y los poderes públicos.

Correcta: B. Las Fuerzas Armadas tienen atribuida constitucionalmente la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, así como defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Se trata de una función institucional de defensa nacional. El Rey ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas, pero no es quien tiene encomendada directamente esa misión en los términos planteados.§ art. 8 CE

2. De conformidad con la Ley 39/2015, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos:

1. A) Desde el día en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa
2. B) Sólo a partir de la fecha en que se notifiquen
3. C) Desde el día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa
4. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Correcta: A. Los actos administrativos se consideran válidos en cuanto se aprueban y despliegan efectos desde ese mismo momento, sin necesidad de esperar al día siguiente. Esta es la regla general, salvo que el propio acto fije una fecha distinta o cuando su eficacia quede supeditada a la notificación, publicación o a una autorización posterior. Conviene distinguir validez de eficacia: la notificación puede retrasar los efectos frente al interesado, pero la presunción de validez nace ya con el dictado del acto.§ art. 39 LPACAP

3. Las comunidades autónomas necesitarán en todo caso, para reformar sus estatutos:

1. A) El acuerdo del Gobierno
2. B) La aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica
3. C) La aprobación del Tribunal Constitucional
4. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Correcta: B. Cualquier modificación del texto que regula la autonomía de una comunidad debe pasar siempre por el filtro estatal. El procedimiento concreto lo fija cada estatuto, pero existe un requisito común e ineludible: que las Cortes Generales den el visto bueno mediante una ley de rango orgánico. Ni el Gobierno ni el Tribunal Constitucional intervienen en esa aprobación. Por eso, sea cual sea la vía interna elegida, la última palabra corresponde siempre al Parlamento nacional con esa categoría reforzada de norma.§ art. 147 CE