34 plazas de Auxiliar AdministrativoUniversidad Carlos III de Madrid · Grupo C2

1. Según lo establecido en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son nulos de pleno derecho los actos:

1. A) dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
2. B) que carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin.
3. C) que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.
4. D) que incurran en desviación de poder.

Correcta: A. El artículo 47.1 incluye expresamente entre los supuestos de nulidad de pleno derecho los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. No basta con cualquier defecto procedimental: debe tratarse de una omisión total y absoluta del procedimiento o de las reglas esenciales para formar la voluntad de los órganos colegiados. Por eso, este supuesto determina la nulidad del acto.§ art. 47.1 LPACAP

2. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, las Juntas de Personal y los Delegados de Personal tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

1. A) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas graves y muy graves.
2. B) Ser informados del cumplimiento de las normas vigentes en materia de prevención de riesgos laborales.
3. C) Ser informados y oídos sobre las sanciones impuestas por faltas muy graves.
4. D) Ser informados sobre los datos referentes a la evolución de las retribuciones.

Correcta: D. Entre las atribuciones de estos órganos figura recibir información sobre la política de personal y, en concreto, sobre la evolución de las retribuciones, el empleo probable y los programas de mejora del rendimiento. Conviene precisar que respecto a las sanciones solo se les informa de las muy graves, no de las graves, y se trata de ser informados, sin que la norma exija oírlos sobre ellas. Además, en prevención de riesgos su papel es vigilar el cumplimiento, no únicamente ser informados.§ art. 40 TREBEP

3. De acuerdo con el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la tramitación de emergencia, el plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a:

1. A) Quince días hábiles, contados desde la formalización.
2. B) Quince días hábiles, contados desde la adjudicación.
3. C) Un mes, contado desde la formalización.
4. D) Un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la ley.

Correcta: D. En la tramitación de emergencia, el órgano de contratación puede ordenar o contratar de inmediato lo necesario para atender la situación excepcional. La ejecución de las prestaciones debe iniciarse en un plazo máximo de un mes desde la adopción del acuerdo que dispone esas actuaciones. Si se supera ese plazo, la contratación debe seguir un procedimiento ordinario.§ art. 120 LCSP