1. En relación con la obligación de resolver que recoge el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, señala la respuesta falsa:
- A) El incumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo podrá dar lugar únicamente a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.
- B) En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo.
- C) En los procedimientos iniciados de oficio, el plazo máximo en que se debe notificar la resolución expresa se contará desde la fecha del acuerdo de iniciación.
- D) El plazo máximo en que se debe notificar la resolución expresa no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea.
Correcta: A. Cuando la Administración no resuelve dentro del plazo legal, la consecuencia no se limita a un único tipo de responsabilidad. La norma prevé responsabilidad disciplinaria del personal, pero sin perjuicio de cualquier otra que proceda conforme a la normativa aplicable. Por eso la afirmación que reduce la consecuencia a una responsabilidad exclusiva resulta inexacta. Las demás reflejan correctamente el deber de informar al interesado, el cómputo del plazo desde el acuerdo de iniciación en los procedimientos de oficio y el límite general de seis meses salvo previsión legal o europea.§ art. 21 LPACAP
