Auxiliar AdministrativoDiputación Provincial de Córdoba · Grupo C2 · 2026

1. Dentro de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, el procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones, a que hubiera lugar, se tramitará por:

1. A) El Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.
2. B) La Dirección de la Competencia
3. C) Por la intervención del Estado.
4. D) Ninguna de ellas es cierta.

Correcta: D. Cuando un particular sufre un daño por el funcionamiento de los servicios públicos, es la propia Administración responsable quien tramita y resuelve la reclamación, fijando la indemnización mediante el procedimiento administrativo común. No interviene el Ministerio de Justicia, ni la autoridad de competencia, ni la intervención del Estado como órganos encargados de esa tramitación. Por ello, ninguna de las atribuciones descritas se corresponde con quién resuelve realmente la responsabilidad patrimonial.§ art. 81 LPACAP

2. El derecho al trabajo en nuestra Constitución Española de 1978:

1. A) Es un derecho constitucional y fundamental
2. B) Es un deber y un derecho para los españoles
3. C) Es un derecho fundamental y un deber para los españoles
4. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Correcta: B. El texto constitucional reconoce que todos los españoles tienen a la vez el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Por eso se trata de una doble configuración: deber y derecho. No es, sin embargo, un derecho fundamental en sentido técnico, pues no se sitúa entre los derechos máximamente protegidos, sino entre los derechos y deberes de los ciudadanos. El matiz decisivo está en distinguir esa naturaleza ordinaria de la categoría reforzada de los derechos fundamentales.§ art. 35 CE

3. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, ¿quién deberá refrendarla?

1. A) El anterior Presidente del Gobierno.
2. B) El Ministro de Relaciones con las Cortes.
3. C) El Presidente del Congreso.
4. D) Ninguno de los citados.

Correcta: C. Con carácter general, los actos del Rey los avala con su firma el Presidente del Gobierno o los ministros competentes, lo que traslada a ellos la responsabilidad política. Sin embargo, hay una excepción lógica: cuando se propone y nombra al propio Presidente del Gobierno no puede ser él quien respalde su designación, por lo que corresponde al Presidente del Congreso de los Diputados asumir ese aval. El mismo criterio rige en la disolución de las Cámaras prevista cuando no se logra investir candidato.§ art. 64 CE