1 plaza de Auxiliar AdministrativoAyuntamiento de Casas de Ves · Grupo C2

1. El principio de buena regulación se regula en la siguiente ley:

1. A) Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
2. B) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
3. C) Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
4. D) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Correcta: D. Cuando una Administración va a aprobar normas, debe ajustarse a unos principios que garantizan que la regulación sea necesaria, eficaz, proporcionada, segura, transparente y eficiente. Este conjunto de exigencias para el ejercicio de la potestad normativa se recoge en la ley que ordena el procedimiento administrativo común. Conviene no confundir esta materia con las normas de régimen local o de haciendas locales, que regulan competencias y tributos municipales, pero no fijan estos principios de elaboración normativa.§ art. 129 LPACAP

2. Según lo establecido en el Artículo 86 de la Constitución Española, ¿quién convalida un decreto-ley?

1. A) El Gobierno.
2. B) El Congreso de los Diputados.
3. C) Las Cortes Generales.
4. D) El Senado.

Correcta: B. La convalidación de los decretos-leyes corresponde al Congreso de los Diputados, que debe pronunciarse dentro del plazo constitucional establecido desde su promulgación. Esta función se atribuye al Congreso aunque el decreto-ley haya sido aprobado inicialmente por el Gobierno. El Senado no interviene en esta convalidación y no se exige un pronunciamiento conjunto de las Cortes Generales.§ art. 86 CE

3. El plazo para interposición de un recurso de alzada, si el acto fuera expreso, es de:

1. A) Un mes
2. B) Dos meses
3. C) Seis meses
4. D) Un año

Correcta: A. Cuando la resolución se ha notificado de forma expresa, quien quiera impugnarla ante el órgano superior dispone de un solo mes contado desde el día siguiente a esa notificación. Conviene distinguir el supuesto del acto presunto, es decir, cuando la Administración guarda silencio: entonces el interesado puede recurrir en cualquier momento a partir del día siguiente a que se produzcan los efectos del silencio. El error frecuente es asignar dos meses, plazo propio del recurso judicial, no del administrativo.§ art. 122 LPACAP