5 plazas de AdministrativoAyuntamiento de Tordera · Grupo C1

1. El derecho al trabajo en nuestra Constitución Española de 1978:

1. A) Es un derecho constitucional y fundamental
2. B) Es un deber y un derecho para los españoles
3. C) Es un derecho fundamental y un deber para los españoles
4. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Correcta: B. El texto constitucional reconoce que todos los españoles tienen a la vez el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Por eso se trata de una doble configuración: deber y derecho. No es, sin embargo, un derecho fundamental en sentido técnico, pues no se sitúa entre los derechos máximamente protegidos, sino entre los derechos y deberes de los ciudadanos. El matiz decisivo está en distinguir esa naturaleza ordinaria de la categoría reforzada de los derechos fundamentales.§ art. 35 CE

2. Según lo establecido en el Artículo 86 de la Constitución Española, ¿quién convalida un decreto-ley?

1. A) El Gobierno.
2. B) El Congreso de los Diputados.
3. C) Las Cortes Generales.
4. D) El Senado.

Correcta: B. La convalidación de los decretos-leyes corresponde al Congreso de los Diputados, que debe pronunciarse dentro del plazo constitucional establecido desde su promulgación. Esta función se atribuye al Congreso aunque el decreto-ley haya sido aprobado inicialmente por el Gobierno. El Senado no interviene en esta convalidación y no se exige un pronunciamiento conjunto de las Cortes Generales.§ art. 86 CE

3. El plazo para interposición de un recurso de alzada, si el acto fuera expreso, es de:

1. A) Un mes
2. B) Dos meses
3. C) Seis meses
4. D) Un año

Correcta: A. Cuando la resolución se ha notificado de forma expresa, quien quiera impugnarla ante el órgano superior dispone de un solo mes contado desde el día siguiente a esa notificación. Conviene distinguir el supuesto del acto presunto, es decir, cuando la Administración guarda silencio: entonces el interesado puede recurrir en cualquier momento a partir del día siguiente a que se produzcan los efectos del silencio. El error frecuente es asignar dos meses, plazo propio del recurso judicial, no del administrativo.§ art. 122 LPACAP