15 plazas de Técnico Administración GeneralDiputación Provincial de Valencia · Grupo A1

1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el cálculo del valor estimado de un contrato de concesión de servicios se tendrá en cuenta:

1. A) El importe neto de la cifra de negocios, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, que según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por los servicios objeto del contrato.
2. B) La renta procedente del pago de tasas y multas por los usuarios de los servicios, recaudadas en nombre del poder adjudicador.
3. C) El valor de los subsidios o ventajas financieras, cualquiera que sea su forma, procedentes del poder adjudicador a cambio de la ejecución de la concesión.
4. D) El valor de todos los suministros y servicios que el poder adjudicador ponga a disposición del concesionario, siempre que sean necesarios para la ejecución de la prestación de servicios.

Correcta: D. Al calcular el valor estimado de una concesión de servicios se suma todo lo que tenga contenido económico para el concesionario, y entre ello se incluyen los suministros y servicios que la Administración aporta gratuitamente, siempre que resulten necesarios para prestar el servicio. Conviene precisar que ese valor se calcula sin el Impuesto sobre el Valor Añadido, que las tasas y multas computan cuando las cobra el concesionario y no la Administración, y que las subvenciones que se tienen en cuenta proceden de terceros, no del propio poder adjudicador.§ art. 101 LCSP

2. Es requisito de las disposiciones administrativas:

1. A) Ajustarse al orden de jerarquía que establezcan las leyes.
2. B) Desarrollar normativa de rango superior.
3. C) Obedecer a criterios de oportunidad sin contravenir el ordenamiento jurídico.
4. D) Ninguna de las anteriores es cierta.

Correcta: A. Las normas que dicta la Administración deben respetar la escala de rangos que fijan las leyes: ninguna puede contradecir a otra de superior categoría ni a la ley misma. Ese sometimiento al orden jerárquico es exactamente el requisito que exige la regulación del poder reglamentario. No basta con que un reglamento desarrolle otra norma ni que persiga fines convenientes; lo esencial es que encaje sin chocar con lo dispuesto por normas de rango más alto.§ art. 128 LPACAP

3. De acuerdo al artículo 38.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

1. A) La sede electrónica es aquel dominio web, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, con capacidad de comunicación e interoperatividad, tanto con ciudadanos como con otras administraciones, en el ejercicio de sus competencias.
2. B) La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
3. C) La sede electrónica es el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada.
4. D) La sede electrónica es la herramienta que facilita el acceso a los ciudadanos y empresas a las notificaciones y comunicaciones emitidas por las Administraciones Públicas.

Correcta: B. La clave está en entender que la sede electrónica no es una simple web ni una herramienta de avisos, sino una dirección electrónica accesible para la ciudadanía mediante redes de telecomunicaciones. Su titularidad debe corresponder a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público que actúen dentro de sus competencias. Conviene distinguir esta definición de la del punto de acceso general o de los meros dominios web, conceptos próximos pero distintos en la norma.§ art. 38 LRJSP