1 plaza de Oficial/a Electricista (Parte general)Ayuntamiento de Don Benito · Grupo C2

1. Diga qué afirmación es cierta en relación con la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

1. A) Dicha Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de policía, seguridad, protección civil, bomberos y personal de alta dirección.
2. B) En los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto en la dicha Ley, con las particularidades previstas en su normativa específica.
3. C) En los establecimientos penitenciarios, no se aplicará dicha Ley ni se adaptarán a la misma.
4. D) Todas las anteriores son falsas.

Correcta: B. La normativa de prevención sí rige en los centros y establecimientos militares, aunque con las especialidades que recoja su regulación propia. No se trata de una exclusión total, sino de una aplicación adaptada. Distinto es el caso de funciones públicas como policía, seguridad o protección civil, donde la ley puede no aplicarse solo cuando sus particularidades lo impidan, sin incluir al personal de alta dirección. En los centros penitenciarios también se adaptan las actividades que requieren regulación especial, por lo que tampoco quedan al margen.§ art. 3 LPRL

2. Según el art. 55.1 de la Constitución Española, ¿qué derechos no podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de sitio?

1. A) Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad.
2. B) El domicilio es inviolable.
3. C) Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.
4. D) A la libertad de cátedra.

Correcta: D. En el estado de sitio pueden suspenderse derechos como la libertad personal y la seguridad, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de residencia y circulación, porque la Constitución los enumera expresamente como suspendibles. Sin embargo, la libertad de cátedra queda fuera de ese listado y, por tanto, no admite suspensión. Conviene precisar que dentro de la libertad de expresión solo se contemplan la expresión de pensamientos y la comunicación de información veraz, no la enseñanza libre del docente.§ art. 55 CE

3. Según lo establecido en el Artículo 86 de la Constitución Española, ¿quién convalida un decreto-ley?

1. A) El Gobierno.
2. B) El Congreso de los Diputados.
3. C) Las Cortes Generales.
4. D) El Senado.

Correcta: B. La convalidación de los decretos-leyes corresponde al Congreso de los Diputados, que debe pronunciarse dentro del plazo constitucional establecido desde su promulgación. Esta función se atribuye al Congreso aunque el decreto-ley haya sido aprobado inicialmente por el Gobierno. El Senado no interviene en esta convalidación y no se exige un pronunciamiento conjunto de las Cortes Generales.§ art. 86 CE