3 plazas de Jefatura del área de Cultura (Parte I — parte general)Ayuntamiento de Leioa · Grupo A1

1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el cálculo del valor estimado de un contrato de concesión de servicios se tendrá en cuenta:

1. A) El importe neto de la cifra de negocios, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, que según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por los servicios objeto del contrato.
2. B) La renta procedente del pago de tasas y multas por los usuarios de los servicios, recaudadas en nombre del poder adjudicador.
3. C) El valor de los subsidios o ventajas financieras, cualquiera que sea su forma, procedentes del poder adjudicador a cambio de la ejecución de la concesión.
4. D) El valor de todos los suministros y servicios que el poder adjudicador ponga a disposición del concesionario, siempre que sean necesarios para la ejecución de la prestación de servicios.

Correcta: D. Al calcular el valor estimado de una concesión de servicios se suma todo lo que tenga contenido económico para el concesionario, y entre ello se incluyen los suministros y servicios que la Administración aporta gratuitamente, siempre que resulten necesarios para prestar el servicio. Conviene precisar que ese valor se calcula sin el Impuesto sobre el Valor Añadido, que las tasas y multas computan cuando las cobra el concesionario y no la Administración, y que las subvenciones que se tienen en cuenta proceden de terceros, no del propio poder adjudicador.§ art. 101 LCSP

2. El artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que:

1. A) Los interesados sólo podrán solicitar el inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar.
2. B) El derecho a reclamar prescribirá a los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo,
3. C) En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse en el momento en que el diagnóstico se disponga por el interesado.
4. D) Todas las respuestas son correctas.

Correcta: A. Quien sufre un daño imputable a la Administración solo puede reclamar mientras no haya prescrito su derecho; esa es la regla que recoge el precepto. El plazo para reclamar no es de seis meses, sino de un año desde que se produce el hecho lesivo o se manifiesta su efecto. Además, cuando el daño es físico o psíquico, el cómputo no arranca con el diagnóstico, sino desde la curación o desde que se determina el alcance de las secuelas. Por eso solo la primera afirmación reproduce fielmente la norma.§ art. 67 LPACAP

3. Dentro de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, el procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones, a que hubiera lugar, se tramitará por:

1. A) El Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.
2. B) La Dirección de la Competencia
3. C) Por la intervención del Estado.
4. D) Ninguna de ellas es cierta.

Correcta: D. Cuando un particular sufre un daño por el funcionamiento de los servicios públicos, es la propia Administración responsable quien tramita y resuelve la reclamación, fijando la indemnización mediante el procedimiento administrativo común. No interviene el Ministerio de Justicia, ni la autoridad de competencia, ni la intervención del Estado como órganos encargados de esa tramitación. Por ello, ninguna de las atribuciones descritas se corresponde con quién resuelve realmente la responsabilidad patrimonial.§ art. 81 LPACAP