1 plaza de Técnico medio Ingeniero/a (parte general)Consorcio para la Gestión de Residuos del Vallés Occidental · Grupo A2

1. Los actos administrativos que limiten derechos objetivos o intereses legítimos:

1. A) Podrán ser motivados.
2. B) Serán motivados. (*)
3. C) Nunca serán motivados.
4. D) Ninguna respuesta es correcta.

Correcta: B. Cuando una resolución restringe derechos o intereses legítimos de una persona, la Administración está obligada a explicar por escrito las razones de hecho y de Derecho en que se apoya. No se trata de una facultad voluntaria ni de algo opcional: la motivación es exigible para que el afectado conozca el porqué de la decisión y pueda defenderse o recurrir. Esa exigencia se concreta en la fórmula imperativa: estos actos serán motivados, con referencia sucinta a hechos y fundamentos jurídicos.§ art. 35 LPACAP

2. El artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que:

1. A) Los interesados sólo podrán solicitar el inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar.
2. B) El derecho a reclamar prescribirá a los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo,
3. C) En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse en el momento en que el diagnóstico se disponga por el interesado.
4. D) Todas las respuestas son correctas.

Correcta: A. Quien sufre un daño imputable a la Administración solo puede reclamar mientras no haya prescrito su derecho; esa es la regla que recoge el precepto. El plazo para reclamar no es de seis meses, sino de un año desde que se produce el hecho lesivo o se manifiesta su efecto. Además, cuando el daño es físico o psíquico, el cómputo no arranca con el diagnóstico, sino desde la curación o desde que se determina el alcance de las secuelas. Por eso solo la primera afirmación reproduce fielmente la norma.§ art. 67 LPACAP

3. Dentro de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, el procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones, a que hubiera lugar, se tramitará por:

1. A) El Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.
2. B) La Dirección de la Competencia
3. C) Por la intervención del Estado.
4. D) Ninguna de ellas es cierta.

Correcta: D. Cuando un particular sufre un daño por el funcionamiento de los servicios públicos, es la propia Administración responsable quien tramita y resuelve la reclamación, fijando la indemnización mediante el procedimiento administrativo común. No interviene el Ministerio de Justicia, ni la autoridad de competencia, ni la intervención del Estado como órganos encargados de esa tramitación. Por ello, ninguna de las atribuciones descritas se corresponde con quién resuelve realmente la responsabilidad patrimonial.§ art. 81 LPACAP