1 plaza de Arquitecto/a técnico/aAyuntamiento de Sant Pere de Ribes · Grupo A2

1. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de los siguientes importes no debe tenerse en cuenta para el cálculo del valor estimado del contrato (VEC)?

1. A) El de todas las modificaciones al alza previstas en los pliegos de cláusulas administrativas.
2. B) El de las prórrogas eventuales del contrato.
3. C) El del impuesto sobre el valor añadido (IVA).
4. D) El de las primas previstas que se abonarán a los licitadores.

Correcta: C. El valor estimado se calcula sin incluir el IVA. En cambio, deben computarse, entre otros conceptos, las prórrogas eventuales, las primas o pagos previstos para candidatos o licitadores y el importe máximo de las modificaciones al alza previstas. Por eso, el IVA es el importe que se excluye del cálculo.§ art. 101 LCSP

2. La ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su artículo 1, señala como objeto de la ley:

1. A) Únicamente regular la contratación del sector público.
2. B) Estudiar el régimen jurídico de los contratos administrativos.
3. C) Incorporar de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato.
4. D) Regular la contratación del sector público y regular el régimen jurídico de los contratos administrativos.

Correcta: D. El artículo 1 establece dos objetos principales: regular la contratación del sector público y regular el régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. Por tanto, la ley no se limita a ordenar la contratación, sino que también regula ese régimen jurídico contractual. Los criterios sociales y medioambientales forman parte de la finalidad y de las reglas de contratación, pero no sustituyen esos dos objetos.§ art. 1 LCSP

3. ¿Cuál de los siguientes es un derecho de los interesados, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre?

1. A) Exigir que el procedimiento se tramite sin medios electrónicos
2. B) No presentar documentos que ya obren en poder de la Administración
3. C) Resolver el procedimiento por sí mismos
4. D) Imponer la prueba a la Administración

Correcta: B. Los interesados tienen derecho a no presentar datos y documentos que ya estén en poder de las Administraciones Públicas o que estas hayan elaborado, siempre que no sean exigidos por las normas aplicables al procedimiento. Este derecho evita que se les solicite de nuevo documentación que la Administración ya tiene. Así lo recoge el artículo 53.1.d de la Ley 39/2015.§ art. 53 LPACAP