1 plaza de Farmacéutico/a (parte general)Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos · Grupo A1

1. Los actos administrativos que limiten derechos objetivos o intereses legítimos:

1. A) Podrán ser motivados.
2. B) Serán motivados. (*)
3. C) Nunca serán motivados.
4. D) Ninguna respuesta es correcta.

Correcta: B. Cuando una resolución restringe derechos o intereses legítimos de una persona, la Administración está obligada a explicar por escrito las razones de hecho y de Derecho en que se apoya. No se trata de una facultad voluntaria ni de algo opcional: la motivación es exigible para que el afectado conozca el porqué de la decisión y pueda defenderse o recurrir. Esa exigencia se concreta en la fórmula imperativa: estos actos serán motivados, con referencia sucinta a hechos y fundamentos jurídicos.§ art. 35 LPACAP

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea NO será competente para pronunciarse sobre los recursos interpuestos por:

1. A) El Comité de las Regiones.
2. B) El Banco Central Europeo.
3. C) El Tribunal de Cuentas.
4. D) El Comité Económico y Social.

Correcta: D. El control de legalidad permite interponer recursos con el fin de salvaguardar sus prerrogativas al Tribunal de Cuentas, al Banco Central Europeo y al Comité de las Regiones. Estos tres órganos disponen de legitimación restringida ante la jurisdicción de la Unión. El Comité Económico y Social no figura entre los legitimados para este tipo de recursos. Por tanto, el tribunal no será competente para pronunciarse sobre los recursos interpuestos por dicho comité consultivo. El extracto confirma esta enumeración limitada de órganos con capacidad procesal.

3. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, ¿quién deberá refrendarla?

1. A) El anterior Presidente del Gobierno.
2. B) El Ministro de Relaciones con las Cortes.
3. C) El Presidente del Congreso.
4. D) Ninguno de los citados.

Correcta: C. Con carácter general, los actos del Rey los avala con su firma el Presidente del Gobierno o los ministros competentes, lo que traslada a ellos la responsabilidad política. Sin embargo, hay una excepción lógica: cuando se propone y nombra al propio Presidente del Gobierno no puede ser él quien respalde su designación, por lo que corresponde al Presidente del Congreso de los Diputados asumir ese aval. El mismo criterio rige en la disolución de las Cámaras prevista cuando no se logra investir candidato.§ art. 64 CE