1 plaza de Auxiliar AdministrativoAyuntamiento de Pallejà · Grupo C2

1. Según la Constitución española, ¿quién tiene como misión garantizar la soberanía e independencia de España?

1. A) El rey.
2. B) Las fuerzas armadas.
3. C) El poder judicial.
4. D) Los ciudadanos y los poderes públicos.

Correcta: B. Las Fuerzas Armadas tienen atribuida constitucionalmente la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, así como defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Se trata de una función institucional de defensa nacional. El Rey ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas, pero no es quien tiene encomendada directamente esa misión en los términos planteados.§ art. 8 CE

2. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:

1. A) Bases de régimen minero y energético.
2. B) Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
3. C) Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.
4. D) Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Correcta: B. El reparto territorial distingue lo que las Comunidades Autónomas pueden asumir de lo reservado al Estado. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no realizan tráfico comercial pertenecen al ámbito autonómico. Las demás materias enunciadas son competencia estatal: las bases del régimen minero y energético, la legislación sobre pesas y medidas con la hora oficial, y las bases y coordinación de la planificación general de la economía. La clave está en el carácter no comercial de esas infraestructuras portuarias.§ art. 148 CE

3. Las comunidades autónomas necesitarán en todo caso, para reformar sus estatutos:

1. A) El acuerdo del Gobierno
2. B) La aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica
3. C) La aprobación del Tribunal Constitucional
4. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Correcta: B. Cualquier modificación del texto que regula la autonomía de una comunidad debe pasar siempre por el filtro estatal. El procedimiento concreto lo fija cada estatuto, pero existe un requisito común e ineludible: que las Cortes Generales den el visto bueno mediante una ley de rango orgánico. Ni el Gobierno ni el Tribunal Constitucional intervienen en esa aprobación. Por eso, sea cual sea la vía interna elegida, la última palabra corresponde siempre al Parlamento nacional con esa categoría reforzada de norma.§ art. 147 CE