AdministrativoInstituto Catalán del Suelo (INCASÒL) · Grupo C2 · 2026

1. De acuerdo al artículo 38.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

1. A) La sede electrónica es aquel dominio web, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, con capacidad de comunicación e interoperatividad, tanto con ciudadanos como con otras administraciones, en el ejercicio de sus competencias.
2. B) La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
3. C) La sede electrónica es el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada.
4. D) La sede electrónica es la herramienta que facilita el acceso a los ciudadanos y empresas a las notificaciones y comunicaciones emitidas por las Administraciones Públicas.

Correcta: B. La clave está en entender que la sede electrónica no es una simple web ni una herramienta de avisos, sino una dirección electrónica accesible para la ciudadanía mediante redes de telecomunicaciones. Su titularidad debe corresponder a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público que actúen dentro de sus competencias. Conviene distinguir esta definición de la del punto de acceso general o de los meros dominios web, conceptos próximos pero distintos en la norma.§ art. 38 LRJSP

2. Según la Constitución Española de 1978, es un derecho fundamental:

1. A) El derecho a la negociación colectiva laboral.
2. B) El derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
3. C) El derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
4. D) El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona.

Correcta: B. El derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión se encuentra entre los derechos fundamentales y libertades públicas de la sección primera del capítulo segundo del título primero. Esa ubicación le otorga la protección reforzada propia de estos derechos, incluida la tutela mediante amparo. La negociación colectiva, el matrimonio y el medio ambiente adecuado se reconocen en otras secciones o capítulos y no comparten esa condición reforzada. Por tanto, solo la libertad de información encaja en la categoría de derecho fundamental estricto.§ art. 20 CE

3. Dentro de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, el procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones, a que hubiera lugar, se tramitará por:

1. A) El Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.
2. B) La Dirección de la Competencia
3. C) Por la intervención del Estado.
4. D) Ninguna de ellas es cierta.

Correcta: D. Cuando un particular sufre un daño por el funcionamiento de los servicios públicos, es la propia Administración responsable quien tramita y resuelve la reclamación, fijando la indemnización mediante el procedimiento administrativo común. No interviene el Ministerio de Justicia, ni la autoridad de competencia, ni la intervención del Estado como órganos encargados de esa tramitación. Por ello, ninguna de las atribuciones descritas se corresponde con quién resuelve realmente la responsabilidad patrimonial.§ art. 81 LPACAP