1 plaza de Auxiliar AdministrativoAyuntamiento de Sant Pere de Ribes · Grupo C2

1. Contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento administrativo:

1. A) Cabe recurso de alzada.
2. B) Cabe recurso de reposición.
3. C) Cabe recurso extraordinario de revisión.
4. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Correcta: D. Cuando la Administración decide acortar a la mitad los plazos por razones de urgencia, esa decisión no puede impugnarse de forma separada. La ley impide expresamente interponer cualquier recurso contra ella, precisamente para no frenar la celeridad que se busca. Quien no esté conforme deberá esperar y alegar el defecto al recurrir la resolución que ponga fin al procedimiento. Por eso ninguna de las vías ordinarias ni extraordinarias resulta aplicable frente a este acuerdo concreto.§ art. 33 LPACAP

2. ¿Cuáles de los siguientes actos administrativos son nulos de pleno derecho?

1. A) Los que lesionen los derechos y deberes fundamentales del Título I de la Constitución.
2. B) Los que incurran en desviación de poder.
3. C) Los actos expresos (no los presuntos) contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
4. D) Los que se dicten como consecuencia de infracción penal.

Correcta: D. La nulidad de pleno derecho recoge los vicios más graves, entre ellos los actos que constituyen delito o que derivan de una infracción penal. Conviene distinguirla de otros supuestos: la lesión de derechos solo provoca nulidad cuando afecta a libertades protegidas por el amparo constitucional, no a cualquier derecho del Título I. Además, la adquisición indebida de facultades sin requisitos esenciales abarca tanto actos expresos como presuntos. La desviación de poder, en cambio, genera mera anulabilidad, no nulidad radical.§ art. 47 LPACAP

3. Según el artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende por documentos públicos administrativos:

1. A) Los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas
2. B) Los válidamente emitidos por el Gobierno
3. C) Los válidamente emitidos por el sector privado
4. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Correcta: A. Tienen la consideración de documentos públicos administrativos únicamente aquellos emitidos de forma válida por los órganos que integran las Administraciones Públicas. La clave es el origen administrativo del documento: ni los procedentes del sector privado ni una referencia genérica al Gobierno encajan en esa definición, porque la norma habla expresamente de los órganos administrativos. Debe distinguirse, por tanto, entre la fuente administrativa exigida y otras posibles emisoras que quedan fuera del concepto.§ art. 26 LPACAP