3 plazas de Auxiliar AdministrativoAyuntamiento de El Catllar · Grupo C2

1. Según el artículo 27.2 de la Constitución Española, la educación tendrá por objeto, en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales:

1. A) Garantizar que las enseñanzas básica y universitaria sean gratuitas.
2. B) El pleno desarrollo de la personalidad humana.
3. C) La libertad de creación de centros de enseñanza cooperativos.
4. D) Garantizar la uniformidad de los contenidos didácticos en todo el Estado.

Correcta: B. La Constitución establece que la educación tiene como finalidad el pleno desarrollo de la personalidad humana. Ese desarrollo debe producirse respetando los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales. La gratuidad de la enseñanza básica y otras garantías aparecen en apartados distintos del mismo artículo.§ art. 27.2 CE

2. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de los siguientes criterios se utiliza para la adjudicación de los contratos?

1. A) Se realiza atendiendo a la mejor relación calidad-precio.
2. B) Se basa exclusivamente en la oferta económica más baja.
3. C) Se determina de acuerdo con el orden de presentación de las ofertas.
4. D) Se fundamenta en el ejercicio de la libre decisión del órgano de contratación.

Correcta: A. La adjudicación debe atender a la mejor relación calidad-precio, conforme a los criterios establecidos para el contrato. Esto permite valorar aspectos distintos del precio, como la calidad de la prestación, cuando proceda. Por ello, no se adjudica necesariamente a la oferta más barata ni por el mero orden de presentación.§ art. 176 LCSP

3. Las Ordenanzas estarán sometidas a información pública y audiencia a los interesados para la presentación de reclamaciones y sugerencias por el plazo:

1. A) Mínimo de veinte días.
2. B) Mínimo de treinta días.
3. C) Máximo de veinte días.
4. D) Máximo de treinta días.

Correcta: B. Cuando una entidad local aprueba sus ordenanzas, tras el acuerdo inicial debe abrir un periodo en el que cualquier vecino o interesado pueda consultar el texto y presentar reclamaciones o sugerencias. La ley fija ese periodo como un plazo mínimo, nunca máximo, de treinta días, garantizando así participación suficiente. Conviene precisar que el matiz decisivo es doble: se trata de un suelo de treinta días, de modo que confundir la cifra o tomarlo como tope máximo conduce al error.§ art. 49 LBRL