1 plaza de Arquitecto/a (Temario general)Ayuntamiento de Òrrius · Grupo A1

1. De acuerdo al artículo 38.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

1. A) La sede electrónica es aquel dominio web, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, con capacidad de comunicación e interoperatividad, tanto con ciudadanos como con otras administraciones, en el ejercicio de sus competencias.
2. B) La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
3. C) La sede electrónica es el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada.
4. D) La sede electrónica es la herramienta que facilita el acceso a los ciudadanos y empresas a las notificaciones y comunicaciones emitidas por las Administraciones Públicas.

Correcta: B. La clave está en entender que la sede electrónica no es una simple web ni una herramienta de avisos, sino una dirección electrónica accesible para la ciudadanía mediante redes de telecomunicaciones. Su titularidad debe corresponder a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público que actúen dentro de sus competencias. Conviene distinguir esta definición de la del punto de acceso general o de los meros dominios web, conceptos próximos pero distintos en la norma.§ art. 38 LRJSP

2. El derecho al trabajo en nuestra Constitución Española de 1978:

1. A) Es un derecho constitucional y fundamental
2. B) Es un deber y un derecho para los españoles
3. C) Es un derecho fundamental y un deber para los españoles
4. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Correcta: B. El texto constitucional reconoce que todos los españoles tienen a la vez el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Por eso se trata de una doble configuración: deber y derecho. No es, sin embargo, un derecho fundamental en sentido técnico, pues no se sitúa entre los derechos máximamente protegidos, sino entre los derechos y deberes de los ciudadanos. El matiz decisivo está en distinguir esa naturaleza ordinaria de la categoría reforzada de los derechos fundamentales.§ art. 35 CE

3. ¿Cuál de los siguientes actos de las Administraciones Públicas es considerado por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas como nulo de pleno derecho?

1. A) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo inconstitucional.
2. B) Los dictados por órgano manifiestamente competente por razón de la materia o del territorio.
3. C) Los que tengan un contenido posible.
4. D) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

Correcta: D. Un acto administrativo es nulo desde su origen cuando su contenido constituye un delito o se dicta a raíz de uno. Es el grado máximo de invalidez, sin posibilidad de subsanación. Las demás formulaciones invierten el sentido de la norma: la nulidad protege los derechos amparables ante el Tribunal Constitucional, alcanza a los actos de órgano manifiestamente incompetente por materia o territorio y a los de contenido imposible, no posible. El matiz decisivo está en respetar el verbo y el adjetivo exactos de cada supuesto.§ art. 47 LPACAP