1 plaza de Administrativo Servicios Sociales (parte general)Ayuntamiento de Turís · Grupo C1

1. El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, según el artículo 18.4 del TUE:

1. A) No es miembro de la Comisión.
2. B) Es uno de los Vicepresidentes de la Comisión.
3. C) Es uno de los Vicepresidentes del Consejo Europeo.
4. D) Es uno de los Vicepresidentes del Consejo.

Correcta: B. El Alto Representante ocupa una posición de doble naturaleza dentro de la Unión Europea: dirige la política exterior y de seguridad común y, al mismo tiempo, integra el ejecutivo comunitario como uno de sus Vicepresidentes. Esta doble función le permite garantizar la coherencia de la acción exterior de la Unión. Conviene distinguirlo del Consejo y del Consejo Europeo, instituciones distintas de la Comisión en las que el Alto Representante no desempeña vicepresidencia alguna.

2. En la interposición de un recurso, según el artículo 115 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

1. A) El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no es obstáculo para tramitarlo, siempre que se deduzca su carácter verdadero.
2. B) El nombre de la persona recurrente se debe mantener codificado, por protección de datos personales.
3. C) Para interponer el recurso es necesario indicar el lugar, nombre y apellidos, la firma del recurrente pero será potestativo indicar el órgano gestor o unidad administrativa a la que se dirige.
4. D) Todo el mundo puede alegar los vicios y defectos que hagan anulable un acto, incluyendo quien los haya causado.

Correcta: A. Lo decisivo es que la forma de nombrar el recurso no condiciona su tramitación: aunque la persona se equivoque al calificarlo o no lo nombre, la Administración debe darle curso si por el contenido se aprecia su verdadera naturaleza. Importa el fondo, no la etiqueta. Conviene distinguirlo de quien provocó un defecto: precisamente quien causó los vicios que hacen anulable un acto no puede luego alegarlos en su favor.§ art. 115 LPACAP

3. Según el artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende por documentos públicos administrativos:

1. A) Los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas
2. B) Los válidamente emitidos por el Gobierno
3. C) Los válidamente emitidos por el sector privado
4. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Correcta: A. Tienen la consideración de documentos públicos administrativos únicamente aquellos emitidos de forma válida por los órganos que integran las Administraciones Públicas. La clave es el origen administrativo del documento: ni los procedentes del sector privado ni una referencia genérica al Gobierno encajan en esa definición, porque la norma habla expresamente de los órganos administrativos. Debe distinguirse, por tanto, entre la fuente administrativa exigida y otras posibles emisoras que quedan fuera del concepto.§ art. 26 LPACAP