1 plaza de AdministrativoAyuntamiento de La Carolina · Grupo C1

1. De acuerdo con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las medidas provisionales:

1. A) Podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, únicamente de oficio por la Administración, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.
2. B) En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.
3. C) Deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento que deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes a su adopción.
4. D) Se adoptarán para asegurar la ejecutoriedad de la resolución que pudiera recaer, ponderando los principios de menor intervención y mayor onerosidad.

Correcta: B. Las medidas provisionales se extinguen cuando surte efectos la resolución administrativa que pone fin al procedimiento. Durante la tramitación pueden alzarse o modificarse de oficio o a instancia de parte por circunstancias sobrevenidas o antes desconocidas. Las adoptadas antes de iniciar el procedimiento deben confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de iniciación dentro de los quince días siguientes. Su finalidad es asegurar la eficacia de la resolución futura y deben respetar los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.§ art. 56 LPACAP

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán:

1. A) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
2. B) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
3. C) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
4. D) Todas las opciones son correctas.

Correcta: D. La seguridad en el trabajo es una responsabilidad compartida: además del empresario, cada trabajador tiene deberes propios derivados de su formación y de las instrucciones recibidas. Entre ellos figura emplear bien los equipos de protección facilitados, cooperar para lograr condiciones laborales seguras y contribuir a cumplir las obligaciones fijadas por la autoridad competente. Por ello las tres conductas descritas son exigibles de forma conjunta y conforman el deber general de prevención que recae sobre la persona trabajadora.§ art. 29 LPRL

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea NO será competente para pronunciarse sobre los recursos interpuestos por:

1. A) El Comité de las Regiones.
2. B) El Banco Central Europeo.
3. C) El Tribunal de Cuentas.
4. D) El Comité Económico y Social.

Correcta: D. El control de legalidad permite interponer recursos con el fin de salvaguardar sus prerrogativas al Tribunal de Cuentas, al Banco Central Europeo y al Comité de las Regiones. Estos tres órganos disponen de legitimación restringida ante la jurisdicción de la Unión. El Comité Económico y Social no figura entre los legitimados para este tipo de recursos. Por tanto, el tribunal no será competente para pronunciarse sobre los recursos interpuestos por dicho comité consultivo. El extracto confirma esta enumeración limitada de órganos con capacidad procesal.