1 plaza de Técnico de Archivo (Temario)Ayuntamiento de Massanassa · Grupo A2

1. Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, el recurso que podrá interponerse es:

1. A) El de reposición obligatoriamente, como previo a la vía contencioso-administrativa
2. B) El de revisión ante el Tribunal de Cuentas
3. C) El contencioso-administrativo
4. D) El económico-administrativo

Correcta: C. Frente a la aprobación definitiva del presupuesto local solo cabe acudir directamente a los tribunales de lo contencioso-administrativo, sin necesidad de presentar antes ninguna reclamación interna en la propia entidad. No procede el recurso de reposición previo, ni la revisión ante el Tribunal de Cuentas, ni la vía económico-administrativa, reservada a actos de gestión y recaudación tributaria. La regla general en materia presupuestaria es el acceso inmediato a la jurisdicción una vez aprobado de forma definitiva.§ art. 171 TRLRHL

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno Local, está compuesta por:

1. A) El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos.
2. B) Un número de Concejales, entre los que necesariamente debe figurar el Alcalde, no superior al tercio del número legal de los mismos.
3. C) El Alcalde y un número de Concejales no superior a la mitad del número legal de los mismos.
4. D) Un número de Concejales, entre los que necesariamente debe figurar el Alcalde, no superior a la mitad del número legal de los mismos.

Correcta: A. Este órgano colegiado lo preside la persona titular de la Alcaldía, que lo integra junto a concejales nombrados y separados libremente por ella. El límite máximo de esos concejales es un tercio del número legal de miembros de la corporación, nunca la mitad. Conviene precisar que la composición se enuncia partiendo de quien ocupa la Alcaldía, sin que el límite del tercio incluya a esa persona como tope de concejales designados.§ art. 23 LBRL

3. En base a lo que dicta la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con respecto al procedimiento de revisión de oficio, indique la respuesta correcta:

1. A) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de dos meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.
2. B) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado a instancia de interesado, el transcurso del plazo de un mes desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.
3. C) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado a instancia de interesado, el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad. Si el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.
4. D) Si el procedimiento de revisión de oficio se inicia de oficio, el transcurso de 6 meses sin resolución producirá su caducidad. Si se inicia a solicitud de interesado, se podrá entender desestimada por silencio administrativo.

Correcta: D. En la revisión de oficio el efecto del silencio depende de quién impulse el procedimiento. Si lo arranca la propia Administración, agotar el plazo de seis meses sin resolver provoca la caducidad y se archiva. En cambio, cuando lo pide un interesado y la Administración no responde en ese mismo plazo, la petición se entiende rechazada y queda abierta la vía de impugnación. El matiz decisivo es el plazo de seis meses, que se confunde fácilmente con los dos, tres o un mes.§ art. 106 LPACAP