1 plaza de Informador/a turístico/aAyuntamiento de Sarria · Grupo C1

1. Señala de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuál de las siguientes respuestas es correcta:

1. A) El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, siempre que se haya iniciado de oficio, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el acuerdo de acumulación se podrá recurrir en alzada.
2. B) Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán de oficio o a instancia de parte por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se puede encomendar al órgano instructor o a órganos distintos. Se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento cuando así lo determinen las normas reguladoras del mismo.
3. C) Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado al que se refiere el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. D) El acuerdo de iniciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de quince días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. El procedimiento iniciado se instruirá, aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido.

Correcta: C. Cuando la Administración inicia de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial, es necesario que el derecho a reclamar no haya prescrito, conforme al plazo previsto en el artículo 67. El acuerdo de inicio debe notificarse a los particulares presuntamente lesionados para que puedan formular alegaciones y proponer pruebas. El plazo previsto para ello es de diez días, y el procedimiento continúa aunque no comparezcan.§ art. 65 LPACAP

2. ¿Qué órgano dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado?

1. A) Las Cortes Generales.
2. B) El Rey.
3. C) El Gobierno.
4. D) El Congreso de los Diputados.

Correcta: C. La Constitución atribuye al Gobierno la dirección de la política interior y exterior, así como la dirección de la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Esta función corresponde al órgano colegiado de gobierno, no al Rey ni a las Cortes Generales. La atribución se recoge en el artículo 97 de la Constitución.§ art. 97 CE

3. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale la respuesta correcta en relación a los criterios de adjudicación de los contratos:

1. A) La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso, en contratos donde el órgano de contratación considere que la prestación puede ser mejorada por soluciones técnicas o reducciones en el plazo de ejecución.
2. B) En los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados cuya cuantificación dependa de un juicio de valor deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas.
3. C) En procedimientos de adjudicación (abierto o restringido) de AAPP, la valoración de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, con carácter general, a un comité de al menos tres expertos con cualificación apropiada.
4. D) Cuando se usen varios criterios de adjudicación, en su determinación, siempre que sea posible, se recogerán exclusivamente criterios referidos a características del objeto del contrato valorables mediante cifras o porcentajes, aplicando solo las fórmulas de los pliegos.

Correcta: C. Cuando la calidad de las ofertas se valora con criterios que dependen del criterio subjetivo de quien evalúa, y estos pesan más que los evaluables automáticamente por fórmula, esa valoración no puede dejarse a una sola persona: debe encomendarse a un comité con un mínimo de tres miembros expertos, ajenos al órgano que propone el contrato y con cualificación adecuada. Conviene precisar que la regla del umbral mínimo de calidad en prestaciones intelectuales se refiere a los criterios de calidad, no exactamente a los dependientes de un juicio de valor, lo que altera otra de las afirmaciones.§ art. 146 LCSP