5 plazas de Auxiliar AdministrativoAyuntamiento de Peligros · Grupo C2

1. ¿Qué recurso administrativo se puede interponer contra la resolución expresa de un recurso de alzada?

1. A) Recurso extraordinario de revisión.
2. B) Recurso potestativo de reposición.
3. C) Recurso de alzada.
4. D) Recurso contencioso administrativo.

Correcta: A. Frente a la resolución expresa de un recurso de alzada no cabe interponer otro recurso de alzada ni el recurso potestativo de reposición, porque aquella resolución agota la vía administrativa. Excepcionalmente, puede interponerse recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguno de los motivos tasados legalmente, como la aparición de documentos esenciales o un error de hecho. El recurso contencioso-administrativo pertenece a la vía judicial, no a la administrativa.§ art. 125 LPACAP

2. Según lo establecido en el Artículo 86 de la Constitución Española, ¿quién convalida un decreto-ley?

1. A) El Gobierno.
2. B) El Congreso de los Diputados.
3. C) Las Cortes Generales.
4. D) El Senado.

Correcta: B. La convalidación de los decretos-leyes corresponde al Congreso de los Diputados, que debe pronunciarse dentro del plazo constitucional establecido desde su promulgación. Esta función se atribuye al Congreso aunque el decreto-ley haya sido aprobado inicialmente por el Gobierno. El Senado no interviene en esta convalidación y no se exige un pronunciamiento conjunto de las Cortes Generales.§ art. 86 CE

3. Dentro de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, el procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones, a que hubiera lugar, se tramitará por:

1. A) El Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.
2. B) La Dirección de la Competencia
3. C) Por la intervención del Estado.
4. D) Ninguna de ellas es cierta.

Correcta: D. Cuando un particular sufre un daño por el funcionamiento de los servicios públicos, es la propia Administración responsable quien tramita y resuelve la reclamación, fijando la indemnización mediante el procedimiento administrativo común. No interviene el Ministerio de Justicia, ni la autoridad de competencia, ni la intervención del Estado como órganos encargados de esa tramitación. Por ello, ninguna de las atribuciones descritas se corresponde con quién resuelve realmente la responsabilidad patrimonial.§ art. 81 LPACAP