1 plaza de Auxiliar AdministrativoAyuntamiento de Orihuela · Grupo C2

1. Respecto a la composición y características de las Cámaras recogida en el Título III de la Constitución Española de 1978, señala la respuesta CORRECTA:

1. A) Cualquier miembro del Congreso puede acumular su Acta de Diputado al de una Asamblea de Comunidad Autónoma.
2. B) Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato.
3. C) El Senado es la Cámara de representación institucional.
4. D) Las Cortes Generales ejercen la potestad ejecutiva del Estado.

Correcta: B. La Constitución fija que las elecciones deben celebrarse entre los treinta y los sesenta días desde la terminación del mandato. Las demás afirmaciones no son correctas: no se puede acumular el acta de diputado con la de una asamblea autonómica, el Senado es cámara de representación territorial y las Cortes ejercen la potestad legislativa.§ art. 68 CE

2. El art. 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, indica que, si no se han fijado los plazos de prescripción en las leyes que las establezcan, las sanciones impuestas por faltas graves prescribirán:

1. A) A los seis meses.
2. B) Al año.
3. C) A los dos años.
4. D) A los tres años.

Correcta: C. Si la ley que establece la sanción no fija un plazo de prescripción, se aplica el plazo supletorio previsto en la Ley 40/2015. Las sanciones impuestas por faltas graves prescriben a los dos años. El plazo para las sanciones leves es de un año y para las muy graves, de tres.§ art. 30 LRJSP

3. La Constitución Española prevé que el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial en el plazo:

1. A) Máximo de 48 horas.
2. B) Máximo de 24 horas.
3. C) Máximo de 72 horas.
4. D) Máximo necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos.

Correcta: C. La Constitución establece que la detención preventiva no puede durar más de 72 horas. Dentro de ese plazo, la persona detenida debe quedar en libertad o ser puesta a disposición de la autoridad judicial. Se trata de un límite máximo, no de un periodo que pueda agotarse automáticamente si antes han concluido las actuaciones necesarias.§ art. 17.2 CE