6 plazas de Administrativos de la administración generalDiputación Provincial de Ourense · Grupo C1

1. El plazo para interposición de un recurso de alzada, si el acto fuera expreso, es de:

1. A) Un mes
2. B) Dos meses
3. C) Seis meses
4. D) Un año

Correcta: A. Cuando la resolución se ha notificado de forma expresa, quien quiera impugnarla ante el órgano superior dispone de un solo mes contado desde el día siguiente a esa notificación. Conviene distinguir el supuesto del acto presunto, es decir, cuando la Administración guarda silencio: entonces el interesado puede recurrir en cualquier momento a partir del día siguiente a que se produzcan los efectos del silencio. El error frecuente es asignar dos meses, plazo propio del recurso judicial, no del administrativo.§ art. 122 LPACAP

2. Facultades del Alcalde según el artículo 21, de la Ley 7/1985. Indique la que no es correcta:

1. A) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.
2. B) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía.
3. C) La aprobación del reglamento orgánico.
4. D) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.

Correcta: C. Aprobar el reglamento que organiza internamente el ayuntamiento corresponde al Pleno, no al Alcalde, porque afecta a la estructura básica de la corporación y exige la decisión colegiada de todos los concejales. El Alcalde dirige e impulsa los servicios y obras, manda sobre la Policía Municipal y puede proponer al Pleno declarar lesivos actos en sus materias, pero la potestad reglamentaria de autoorganización queda reservada al órgano plenario. Conviene distinguir entre lo que el Alcalde ejecuta y dirige y lo que el Pleno aprueba con carácter normativo.§ art. 21 LBRL

3. Según lo establecido en el Artículo 86 de la Constitución Española, ¿quién convalida un decreto-ley?

1. A) El Gobierno.
2. B) El Congreso de los Diputados.
3. C) Las Cortes Generales.
4. D) El Senado.

Correcta: B. La convalidación de los decretos-leyes corresponde al Congreso de los Diputados, que debe pronunciarse dentro del plazo constitucional establecido desde su promulgación. Esta función se atribuye al Congreso aunque el decreto-ley haya sido aprobado inicialmente por el Gobierno. El Senado no interviene en esta convalidación y no se exige un pronunciamiento conjunto de las Cortes Generales.§ art. 86 CE