2 plazas de AdministrativoAyuntamiento de Sant Antoni de Vilamajor · Grupo C1

1. Según el artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende por documentos públicos administrativos:

1. A) Los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas
2. B) Los válidamente emitidos por el Gobierno
3. C) Los válidamente emitidos por el sector privado
4. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Correcta: A. Tienen la consideración de documentos públicos administrativos únicamente aquellos emitidos de forma válida por los órganos que integran las Administraciones Públicas. La clave es el origen administrativo del documento: ni los procedentes del sector privado ni una referencia genérica al Gobierno encajan en esa definición, porque la norma habla expresamente de los órganos administrativos. Debe distinguirse, por tanto, entre la fuente administrativa exigida y otras posibles emisoras que quedan fuera del concepto.§ art. 26 LPACAP

2. De conformidad con el artículo 118.2 de Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, en un procedimiento con varios interesados, si solo uno de ellos presenta recurso:

1. A) No se admitirá a trámite el mismo por el órgano administrativo competente, ante la falta de legitimación pasiva del recurrente.
2. B) Se admitirá a trámite, dando traslado del recurso a los demás interesados, para que aleguen cuanto estimen oportuno en un plazo no inferior a cinco días, ni superior a diez días.
3. C) Se admitirá a trámite, dando traslado del recurso a los demás interesados, para que aleguen cuanto estimen oportuno en un plazo no inferior a diez días, ni superior a quince días.
4. D) Se admitirá a trámite el recurso, no siendo necesario el traslado de este para presentar alegaciones al resto de los interesados.

Correcta: C. Cuando uno solo de los varios afectados impugna la resolución, el recurso sí se tramita y, además, debe comunicarse a los demás para que puedan defender su postura. La ley fija para esas alegaciones un margen que no puede ser menor de diez días ni mayor de quince. Negar la tramitación o prescindir del traslado vulnera el derecho de los restantes a ser oídos. El matiz decisivo es el intervalo exacto del plazo: diez a quince días, no cinco a diez.§ art. 118 LPACAP

3. De acuerdo al artículo 38.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

1. A) La sede electrónica es aquel dominio web, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, con capacidad de comunicación e interoperatividad, tanto con ciudadanos como con otras administraciones, en el ejercicio de sus competencias.
2. B) La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
3. C) La sede electrónica es el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada.
4. D) La sede electrónica es la herramienta que facilita el acceso a los ciudadanos y empresas a las notificaciones y comunicaciones emitidas por las Administraciones Públicas.

Correcta: B. La clave está en entender que la sede electrónica no es una simple web ni una herramienta de avisos, sino una dirección electrónica accesible para la ciudadanía mediante redes de telecomunicaciones. Su titularidad debe corresponder a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público que actúen dentro de sus competencias. Conviene distinguir esta definición de la del punto de acceso general o de los meros dominios web, conceptos próximos pero distintos en la norma.§ art. 38 LRJSP