Test Administrativo/aAyuntamiento de Alaior (Illes Balears) · 2026

1. Según el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, se entenderá por «equipo de protección individual»:

1. A) Aquel que, en ausencia de aparatos preventivos específicas, den protección a la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan.
2. B) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
3. C) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
4. D) Los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.

Correcta: C. Un equipo de protección individual es todo aquello que el trabajador lleva puesto o sujeta para defenderse de uno o varios riesgos que amenacen su seguridad o salud, junto con los complementos o accesorios pensados para esa misma finalidad. Hablamos de cascos, guantes, gafas, arneses o calzado de seguridad. La nota clave es la protección personal frente al riesgo, no cualquier herramienta de trabajo ni el conjunto de instalaciones del centro, que responden a definiciones distintas como equipo de trabajo o lugar de trabajo.§ art. 4 LPRL

2. Los actos administrativos que limiten derechos objetivos o intereses legítimos:

1. A) Podrán ser motivados.
2. B) Serán motivados. (*)
3. C) Nunca serán motivados.
4. D) Ninguna respuesta es correcta.

Correcta: B. Cuando una resolución restringe derechos o intereses legítimos de una persona, la Administración está obligada a explicar por escrito las razones de hecho y de Derecho en que se apoya. No se trata de una facultad voluntaria ni de algo opcional: la motivación es exigible para que el afectado conozca el porqué de la decisión y pueda defenderse o recurrir. Esa exigencia se concreta en la fórmula imperativa: estos actos serán motivados, con referencia sucinta a hechos y fundamentos jurídicos.§ art. 35 LPACAP

3. El principio de buena regulación se regula en la siguiente ley:

1. A) Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
2. B) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
3. C) Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
4. D) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Correcta: D. Cuando una Administración va a aprobar normas, debe ajustarse a unos principios que garantizan que la regulación sea necesaria, eficaz, proporcionada, segura, transparente y eficiente. Este conjunto de exigencias para el ejercicio de la potestad normativa se recoge en la ley que ordena el procedimiento administrativo común. Conviene no confundir esta materia con las normas de régimen local o de haciendas locales, que regulan competencias y tributos municipales, pero no fijan estos principios de elaboración normativa.§ art. 129 LPACAP